El pasado mes de septiembre, los países de la Unión Europea votaron a favor de la propuesta de la Comisión de armonizar la información para los centros antiveneno, la cual tiene como objetivo mejorar la respuesta sanitaria en caso de urgencias.

Ante una emergencia por intoxicación u otro tipo de situación provocada por un producto químico el ciudadano afectado o centro médico se pone en contacto con el centro de atención toxicológica (centro antiveneno), a la espera de recibir la información. Los datos que los productores e importadores de mezclas químicas aportan a estos centros son cruciales; determinarán el tipo de respuesta sanitaria y la emergencia.

El artículo 45 del Reglamento CLP establece la obligación de las empresas, comercializadoras de estos productos, de notificar a los centros antiveneno “la información pertinente, en particular, para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia”.

Pero en un contexto de libre comercio entre los estados miembros, esta situación provoca un gran obstáculo para el sector químico, ya que las empresas deben atenerse a las normas de cada país para poder comercializar sus productos en ellos. Esto significa que, en muchos casos, la información debe ser proporcionada en varios formatos y con distinto grado de detalle, además de pagando o no tasas por ello. En definitiva, el proceso supone una elevada carga administrativa y económica para la industria y, en el peor de los casos, desigualdades en la respuesta sanitaria de emergencia según en qué país de la UE nos hallemos. Por lo tanto, puede suponer riesgos a nivel de salud pública.

Gracias a la armonización, los productores e importadores presentarán la misma información sobre los productos, de modo que la calidad de los datos recogidos mejorará. El objetivo de todo esto es incrementar la protección de la salud de los ciudadanos y reducir el impacto administrativo y financiero sobre la industria. Se estima que ésta podría reducir el gasto en 550 millones de euros al año. Una de las medidas que propone la CE dentro de la nueva regulación es el uso de un identificador único de fórmula, conocido como UFI. Se trata de un código único y específico para cada mezcla peligrosa. El código UFI debe constar en la etiqueta o en el envase de la mezcla. Esto permite una identificación precisa y rápida de la formulación química del producto, requisito indispensable para dar la respuesta médica adecuada en caso de emergencia.

La previsión es que el Reglamento se aplique a mezclas destinadas a uso de consumidores a partir de 2020. Mientras que en 2021, se aplicaría a mezclas para uso profesional y en 2024, a mezclas para uso industrial. Aunque la noticia es muy positiva para el sector -pues respalda un proceso de armonización que ya está en marcha-, la realidad es que los plazos propuestos son largos. Esto implica que las empresas deberán enfrentarse, durante los próximos años, a un verdadero laberinto normativo para poder mantener la comercialización de sus productos en la UE.

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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8939